Por Guillermo Robles Ramírez
Fíjese usted, lector, cómo en estas mañanas frescas de Saltillo, cuando uno sale del centro y toma el periférico Luis Echeverría Álvarez rumbo al sur, de repente todo se detiene. No es un accidente, ni un camión descompuesto. Es otra vez el asfalto convertido en escenario de una protesta que, aunque legítima en su origen, termina cobrándose la paciencia de miles que solo quieren llegar a su trabajo, a su casa o a dejar a los chavos en la escuela. La verdad es que uno lo ha visto venir desde hace rato, pero en este 2026 parece que la cosa se repite con más frecuencia y con menos consecuencias.
El viernes 24 de abril pasado, un grupo de unos cincuenta padres de familia, muchos venidos de Monclova, Torreón, Piedras Negras, Ramos Arizpe y Acuña; se plantó en el periférico LEA. Venían del Parque Las Maravillas y lo cerraron en ambos sentidos durante varias horas. Llegaron hasta los juzgados familiares con sus pancartas pidiendo que se aplique la ley sin favoritismos en los asuntos de custodia y que se revisen esas denuncias por violencia que, según ellos, a veces se usan como arma en pleitos familiares. Pacíficos, sí, pero el bloqueo fue total. Algunos automovilistas, hartos, bajaron a mover las ballenas de concreto para abrir paso. ¡Qué bárbaro! Y eso también está mal, pero ya llegaremos ahí.
Luego, el pasado lunes 1 de junio, fue el turno del magisterio. Entre cuatrocientos y setecientos maestros de las secciones 5, 35 y 38 del SNTE se concentraron desde temprano en el cruce del periférico LEA con el bulevar Venustiano Carranza.
Tomaron los cuatro carriles, avanzaron por Paseo de la Reforma y Francisco de Urdiñola, cerraron el Distribuidor Vial El Sarape y luego se fueron al bulevar Francisco Coss a dejar su pliego petitorio en Educación. Más de siete horas de caos. Demandas justas, claro: mejores pensiones, aumento salarial, jubilación digna para las compañeras. Pero el método dejó a media ciudad varada, camiones de carga detenidos, autobuses foráneos sin poder avanzar y miles de saltillenses perdiendo horas de su vida en el volante.
Y no fueron las únicas. Ahí están los ejidatarios de San Pedro que, por falta de agua, bloquearon la caseta La Cuchilla en la carretera federal Torreón-Saltillo. Eso ya es vía federal, y la cosa se pone más delicada.
La Constitución protege el derecho a manifestarse, artículo 9, reunión pacífica para fines lícitos. Nadie lo discute. Pero ese derecho no es absoluto. Choca con el libre tránsito de los demás, con el derecho al trabajo, con la economía diaria de la gente.
Y los reglamentos de movilidad vigentes como el del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo y la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado, ¡sí esos!, son claros: si vas a obstruir una vía principal, tienes que pedir autorización con anticipación y coordinarte para no generar un desmadre. De lo contrario, es infracción. Administrativa primero: multas. Penal después, si se trata de obstrucción de vías de comunicación. En vías federales, hasta el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación puede meter a alguien en problemas serios, de meses a años de prisión más multa.
Y aquí viene la pregunta que todo mundo se hace en las tortillerías y en las mesas de la Alameda: ¿por qué nadie hace nada? Hay coordinación entre Tránsito, Seguridad Pública y los comandos estatales. Hay cámaras urbanas por todos lados, recién sumaron quinientas más con reconocimiento facial gracias a una donación de la iniciativa privada, y el padrón de placas está al día.
Identificar a los organizadores o a los que cierran los carriles no es ciencia de cohetes. Sin embargo, ni actas, ni multas visibles, ni un solo operativo que restablezca el orden en tiempo real. La gente empieza a cuestionar la fortaleza de la autoridad. ¿Está dormida? ¿O prefiere no meterse?
Porque, si la ley se aplicara como se dice que “por encima de la ley nada”, las consecuencias serían claras. Multas administrativas que hoy rondan los dos mil doscientos pesos por infracción grave, más el costo de reparar cualquier daño a la infraestructura.
En casos más serios, responsabilidad penal por obstrucción y, desde luego, demandas civiles por los daños y perjuicios que generan los retrasos: pérdidas para transportistas, para comercios, para familias que llegan tarde a todo.
Los organizadores tendrían que responder. Y los que bajaron a tumbar ballenas también: esas barreras de concreto son propiedad municipal, señalamiento oficial, y removerlas sin autorización es infracción expresa en el reglamento de movilidad. Aunque en el calor del momento parezca que “alguien tiene que hacer algo”, legalmente es hacerse justicia por propia mano.
La verdad, es que, al no haber consecuencias visibles, el ejemplo cunde. Los manifestantes ven que salen impunes y repiten la fórmula con más frecuencia. Y los saltillenses ya estamos hartos.
Más tiempo atrapado en el periférico significa menos tiempo con la familia, más gasolina quemada, más estrés, más pérdidas económicas. Hay quien llega tarde al turno, quien pierde una cita médica, quien simplemente se desespera viendo cómo su día se va al caño. Y el temor crece: ¿y si un día un bloqueo coincide con una emergencia? ¿Quién responde?
Apenas ayer circuló en redes un comentario que prende focos rojos. Vecinos de Valle de los Almendros, Nuevo Valle de los Almendros, Prados de San José y FAENA están al límite con las fallas constantes del internet de IZZI. Dicen que en una reunión reciente la empresa no dio respuestas claras y la constructora responsable ni siquiera se presentó.
Ya advierten que podrían cerrar avenidas principales durante horas si no resuelven. ¿Ve usted el patrón? La impunidad de unos alienta a otros. Lo que empezó como protesta legítima se vuelve costumbre de tomar lo que no es de uno. Al menos el día que se anunció no hubo nada, pero eso no es seguridad porque pudiera ser cualquier día y si no son esos va ser cualquier inconformidad, aunque se trate de asuntos particulares en donde los juzgados y autoridades pertinentes quedan fuera de la formula porque resulta “mejor” así para tener resultados. ¿Y los tendrán?.
Yo, que he caminado estas calles desde los tiempos polvorientos de Torreón hasta las sierras frescas de Arteaga, le digo que entiendo el enojo de quienes protestan. La mayoría tiene razones de peso. Pero también entiendo al señor que lleva a su hijo al kínder y se queda varado dos horas, o al chofer de tráiler que ve cómo se le retrasa la entrega y con ella su pago.
La autoridad tiene la obligación de encontrar el equilibrio: dejar protestar, sí, pero garantizar que la ciudad no se paralice. Y si se excede el tiempo razonable o se cierran vías críticas sin aviso, actuar. Con diálogo, con proporcionalidad, pero actuar.
Al final, uno se pregunta por qué tanta apatía. Quizá porque con las elecciones de diputados locales a la vuelta de la esquina nadie quiere quedar como el malo de la película. O porque el Mundial 2026 ya asoma y trae reflectores internacionales. O simplemente porque nadie quiere asumir el costo político de aplicar la ley cuando duele. Las cámaras están ahí, la normatividad también. Lo que falta, parece, es la voluntad de usarlas.
Usted, lector coahuilense, que anda en estos lares, sabe de qué hablo. La paciencia tiene un límite. Y el asfalto de Saltillo ya lo está alcanzando. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) ww.intersip.org
