La comunidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, permanece conmocionada tras conocerse el delicado estado de salud de Deysi “N”, una niña de apenas 10 años que recientemente dio a luz. El caso ha generado indignación nacional y reabierto el debate sobre la violencia sexual y el matrimonio infantil en México.
Estado de salud de la menor
De acuerdo con el reporte médico, la niña —que pesa menos de 40 kilos y mide 1.20 metros— sufrió graves lesiones internas debido a que su cuerpo no estaba físicamente preparado para un embarazo. Entre las complicaciones se encuentran el aplastamiento de vejiga y uretra, además de daños severos en tejidos internos. Su pronóstico es reservado y poco alentador.
El recién nacido logró sobrevivir, aunque nació dos semanas antes de lo previsto y tras un parto prolongado. Tanto la menor como el bebé permanecen bajo estricta vigilancia médica en el Hospital de las Culturas.
Ingreso hospitalario y fuga del agresor
Deysi “N” fue llevada inicialmente al Hospital de la Mujer por un joven de 18 años que se presentó como su esposo. Tras la intervención de un trabajador social que notificó el caso a la Fiscalía General del Estado, el sujeto huyó del hospital sin dejar rastro.
La Fiscalía busca activamente al individuo, quien podría enfrentar cargos por abuso sexual y violación. Paralelamente, se han activado protocolos de investigación para determinar responsabilidades en esta situación de vulnerabilidad extrema.
Marco legal en México
El matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019, cuando se estableció la edad mínima de 18 años sin excepciones. Cualquier unión de este tipo es considerada nula y puede constituir delito de cohabitación forzada.
El Código Penal Federal contempla penas de 8 a 15 años de prisión para quienes promuevan o faciliten matrimonios de menores, con sanciones más severas si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas. En casos de abuso sexual, las condenas pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel.
El sistema de salud tiene la obligación de informar al Ministerio Público sobre cualquier embarazo en menores, pues se presume resultado de violencia.
Estrategias de prevención
Desde agosto de 2025, el Gobierno federal reforzó la vigilancia en 50 municipios con alta incidencia de embarazo infantil, mediante una estrategia coordinada por la Secretaría de Gobernación. El objetivo es desmantelar estructuras que permiten matrimonios forzados y garantizar justicia para niñas y adolescentes.
La detección temprana en hospitales es clave para activar la intervención de la Fiscalía y proteger los derechos de la infancia.
Datos relevantes
– La edad mínima para casarse en México es de 18 años.
– El cuerpo de una niña de 10 años no ha completado la osificación de la pelvis, lo que hace el parto natural casi imposible y riesgoso.
– Las multas por cohabitación forzada pueden alcanzar hasta mil días de salario mínimo.
– La mayoría de los embarazos en menores de 14 años están legalmente vinculados a violencia sexual.
