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La infancia que no volvió y la violencia que México aún se niega a nombrar

9 de cada 10 personas privadas de la libertad tuvieron contacto con actividades delictivas antes de los 6 años (Reinserta, 2023).

30 de julio de 2025

 7 de cada 10 de las y los adolescentes en conflicto con la ley tuvieron contacto con grupos delictivos en sus comunidades (Reinserta, 2021).

●         En la última década, se identificaron 2,112 muertes de personas menores de edad por homicidio doloso con arma blanca o arma de fuego (Secretaría de Salud)

●         Existe presencia de grupos delictivos en 81% del territorio nacional (SEDENA).

México, 30 de julio de 2025.

Los recientes hechos ocurridos en Aguascalientes —donde al menos cuatro de los 18 jóvenes detenidos en un campamento vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaban reportados como desaparecidos— son un doloroso recordatorio de una realidad que México no puede seguir ignorando. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado es una forma sistemática de violencia que se ha normalizado y permanece invisibilizada.

Este caso refleja con claridad las omisiones del Estado y la existencia de una deuda estructural aún pendiente con las niñas, niños y adolescentes de México, quienes siguen expuestos a entornos de violencia sin contar con las herramientas jurídicas necesarias, ni los mecanismos de protección adecuados. Sin embargo, esta violencia no ocurre en el vacío: se alimenta también de una normalización social que ha vuelto cotidiano lo inaceptable. Hemos llegado al punto en que ver adolescentes armados, desaparecidos o involucrados en delitos ya no genera la indignación que debería.

La insensibilidad colectiva, producto de años de impunidad y desinformación, termina por reforzar el abandono institucional. No podemos permitir que la vida de nuestras infancias y juventudes quede reducida a cifras en operativos militares o policiales. Recuperar nuestra capacidad de indignación es el primer paso para exigir respuestas y transformar esta realidad.

En Reinserta, llevamos más de 10 años documentando, acompañando y trabajando con cientos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada. Hemos escuchado sus voces, sus historias, sus miedos y los vacíos que los grupos delictivos llegaron a llenar. Sabemos lo que viven las infancias a las que les arrebatan su niñez y las empujan a un entorno de armas, drogas, amenazas y silencio. Las historias que acompañan esta problemática no son solo estadísticas, son vidas interrumpidas.

Uno de esos testimonios es el de Saúl, una adolescente de 14 años que sobrevivió a un entorno marcado por la violencia, abandono y crimen organizado:

“Estuve en un lugar donde lo único importante era el poder y la violencia. Ser sicario no era algo que pensaba que haría, pero así fue. Un día me subieron al monte, me entrenaron y me enseñaron a disparar. Empecé a matar y a cobrar venganzas”.

Frente a esta realidad, desde Reinserta hacemos un llamado urgente a reconocer el problema, visibilizar a sus víctimas y construir rutas claras de solución. Lo que no se nombra no existe, y lo que no se reconoce no se transforma. Por eso, consideramos fundamental nombrar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado como lo que es: un delito que arrebata la infancia, vulnera derechos y deja profundas secuelas en el tejido social mexicano y, sobre todo, en la vida de quienes son víctimas de ello. Les pedimos a las autoridades avanzar hacia la tipificación del reclutamiento como un delito. Solo así será posible dimensionar su gravedad, generar datos precisos, sancionar a los responsables y caminar hacía la creación de rutas de atención, protección y reparación para las víctimas.

Hoy Reinserta hace todo lo posible por escuchar, proteger, acompañar y visibilizar a estas infancias y adolescencias que el sistema ha olvidado. Pero no basta con la voluntad de una organización, necesitamos que el país despierte y actúe, que la sociedad entienda que esta problemática nos atraviesa a todos. Queremos que la ley y las autoridades los nombren, que las instituciones los protejan y que se les reconozca como lo que son: víctimas de una guerra que nunca eligieron.

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