Josué Rodríguez
Piedras Negras, Coahuila, 20 de mayo. – La Fiscalía de Coahuila mantiene una coordinación estrecha con autoridades federales y la Fuerza Civil, respondiendo de manera inmediata a los reportes ciudadanos sobre actividades irregulares. Gracias a esta colaboración, recientemente se ejecutaron dos cateos que derivaron en el aseguramiento de establecimientos vinculados con apuestas y casinos ilegales. Los inmuebles y materiales incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el trámite correspondiente.
El titular de la Fiscalía, Federico Fernández Montañez, aclaró que la detección de estos locales no representa un motivo de alarma en materia de seguridad, subrayando que la verdadera preocupación sería un incremento en delitos de alto impacto como homicidios o extorsiones. Reconoció, sin embargo, que este tipo de giros prohibidos por la legislación estatal pueden convertirse en fuentes de financiamiento para la delincuencia organizada, aunque también existen casos relacionados con conflictos entre particulares.
Asimismo, descartó cualquier posibilidad de reapertura de casinos en la región, recordando que su prohibición responde a un acuerdo firme de la mesa estatal y a un consenso alcanzado desde administraciones anteriores. La prioridad actual, enfatizó, es atender cada reporte ciudadano, ya sea por establecimientos irregulares, vehículos sospechosos o personas en actitud evasiva.
Coahuila, destacó, registra los mejores indicadores de seguridad de los últimos 30 años. Entre ellos sobresale la resolución del 100% de los homicidios, logro que atribuyó al trabajo coordinado y permanente entre los distintos niveles de gobierno.
La estrategia estatal contempla una atención integral que divide esfuerzos entre delitos de alto impacto y la vigilancia cotidiana en las comunidades. Con el apoyo de policías municipales y autoridades locales, se fortalecerá la seguridad en colonias, sectores y barrios de todas las regiones del estado.
Como parte de esta proximidad social, ya se implementan recorridos de supervisión y la creación de grupos ciudadanos mediante plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp. Esta medida busca establecer un canal directo de comunicación entre la población y los cuerpos policiales, optimizando así los tiempos de respuesta.
