Josué Rodríguez
Piedras Negras, Coah. 16 de octubre. — La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) hizo un firme llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para revisar las condiciones de acceso al estímulo fiscal por el pago de peajes y atender las alternativas presentadas por el sector.
A través de un comunicado, la institución reafirmó su propósito de mantener en movimiento las mercancías y contribuir al desarrollo de México. Si bien su actuación seguirá siendo responsable y respetuosa de las instituciones, advirtió que no puede permanecer al margen de decisiones que comprometan la viabilidad de las empresas transportistas, sus inversiones y las fuentes de empleo que generan.
“No estamos pidiendo privilegios ni pretendemos dejar de cumplir nuestras obligaciones fiscales”, afirmó en conferencia de prensa Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR, al señalar que el sector requiere condiciones que reconozcan su realidad económica y le permitan continuar prestando un servicio indispensable para el país.
Como parte de las gestiones realizadas, CANACAR ha sostenido reuniones con representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ha participado en mesas de trabajo y ha presentado diversos argumentos y alternativas. Asimismo, mantiene interlocución con otras cámaras y asociaciones para impulsar la atención de esta problemática.
Aunque reconoció la disposición de las autoridades para escuchar sus planteamientos, la Cámara advirtió que los encuentros sostenidos aún no han producido la respuesta que los transportistas necesitan.
Entre las propuestas dadas a conocer por su dirigente nacional se encuentran mantener el umbral de ingresos de 300 millones de pesos para acceder al estímulo fiscal del acreditamiento de casetas de peaje, y que el límite de 250 millones de pesos opere de manera proporcional, permitiendo aplicar el acreditamiento hasta ese monto sin extenderlo a los ingresos excedentes.
El objetivo central es equilibrar la política fiscal con la continuidad operativa, la competitividad y la estabilidad de las empresas. “Hemos acudido a mesas de trabajo, hemos presentado argumentos, hemos propuesto alternativas. Lo que pedimos es que nuestras razones se traduzcan en decisiones”, sostuvo Ramos Melo.
La Cámara subrayó que esta discusión no debe limitarse a una cifra o a un artículo de la Ley de Ingresos. Las decisiones fiscales inciden directamente en la capacidad de las empresas para invertir, cumplir sus compromisos y sostener el traslado de mercancías en un entorno complejo, marcado por los retos de la inseguridad carretera.
A estas presiones se suman los recursos extraordinarios destinados a proteger a los operadores y las unidades, así como los tiempos y trámites que enfrentan las compañías para recuperar y reincorporar a sus actividades los vehículos que han sido objeto de robo.
CANACAR ha apostado por el diálogo y exige que este se traduzca en soluciones prontas. La organización aclaró que no busca afectar al país, pero advirtió que no es permisible comprometer la viabilidad de quienes lo mantienen en movimiento. “Es momento de que Hacienda y el Congreso actúen: proteger al autotransporte de carga es proteger el abasto, el empleo y la economía de México”, concluyó.
