Por Melva Frutos
Julio Oliva busca a su hija Karina, desaparecida en 2015 en Juárez, Nuevo León a la edad de 20 años. Asegura que ha sido víctima de trata. Mientras, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León no le aceptó la denuncia por ese delito, le piden que lo demuestre. El registro dice “no localizada”.
Como él, tres familiares más afirman que existen evidencias de que la desaparición de sus hijas está relacionada con trata de personas, sin embargo, las autoridades no les instruyen o permiten poner una denuncia por dicho delito, lo que activistas califican como desatención a las leyes, que determinan el “Enfoque diferencial y especializado”, el cual reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad, como la edad y el género.
Gloria Karina Oliva Ayala fue contratada en un establecimiento de venta de pollo frito que estaba muy cerca de su casa, quedó de regresar al día siguiente a su primer día de trabajo, salió del lugar y atravesó la avenida para tomar el transporte público. Después de ahí, nadie volvió a verla.
Julio recuerda muy bien que ese miércoles 7 de enero llovía y hacía frío en el municipio de Juárez, Nuevo León y por esa zona se sentía más helado porque era sobre la carretera Apodaca – Juárez, que en ese entonces estaba aún más despoblada.
Lo que el gerente del lugar le contó fue que Karina llegó media hora antes a la entrevista de trabajo, le pareció una joven cumplida y muy entusiasta. No dudó en contratarla.
Julio Oliva ya no vivía con su hija, pues estaba separado de su madre, sin embargo, mantenía una constante comunicación con ella, se llamaban, se enviaban mensajes, salían, paseaban o comían juntos.
Ese miércoles no tuvo comunicación con su hija. Él supuso que estaba ocupada y que por la noche hablarían. No fue así.
Se enteró de la ausencia de Karina al día siguiente, cuando su exesposa le llamó para preguntarle si sabía algo de ella.
“Va una persona del lugar donde ha pedido el trabajo, un repartidor, para saber si iba a trabajar o no. Si sí iba a ir porque, pues necesitaban el personal, y entonces es cuando me doy cuenta, porque al parecer, no recuerdo si fue mi hijo o la mamá de Karina, quien recibe al repartidor y le comentan eso, entonces ya me llaman y me dicen, sabes qué, está pasando esa situación, y no vino a dormir”, narra Julio Oliva.
En la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez le dijeron que debían esperar 72 horas para tomarle la denuncia. Aguardó y el sábado se fue directamente al Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) localizado en su municipio.
“A partir de ahí empieza la investigación, me asignan un grupo de ministeriales de ahí de Juárez y vamos a los lugares, buscamos en el lugar donde desaparece”.
No pudieron acceder a las cámaras de seguridad de los comercios aledaños porque los encargados argumentaron que no funcionaban.
“Esa noche fuimos con amigos, con conocidos de mi hija, fuimos a la casa del novio de mi hija y nada, nadie sabía nada”.
Muy pronto Julio se enfrentó a la realidad que deriva de la burocracia. Para la búsqueda de Karina asignaron un grupo de policías ministeriales que estaban destacamentados en Juárez, pero no era un equipo especializado en búsqueda de personas.
“Ese es un error muy grande, que, bueno, en aquel tiempo, al parecer solamente quien se encargaba de la búsqueda de personas desaparecidas era solamente para colectivos. Yo necesitaba estar en un colectivo para que pudieran buscar a mi hija los de búsqueda de personas, de personas desaparecidas”. Después de un tiempo se unió al colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL).
En los primeros días después de la desaparición de Karina no había una idea o pista de qué le podría haberle pasado, hasta que quien era novio de la joven mostró a Julio una serie de mensajes de Karina en los que le reenviaba conversaciones con un hombre que le había estado escribiendo. La amenazaba diciéndole que en la primera oportunidad se la llevaría con él.
“Karina se muestra asustada en los comentarios del mensaje porque una persona la está acosando, le envía mensajes de acoso, donde decía ‘en cuanto salgas de tu casa te voy a robar’, cosas así.
“Karina lo bloqueaba, por ejemplo, en el teléfono lo bloqueaba, enseguida le llamaba de otro número y le decía lo mismo, lo mismo, igual por Whatsapp, por mensaje, por inbox de Facebook y decía Karina ‘y yo lo bloqueaba’. Y dice Karina en los mensajes que hace otro Facebook, que él está haciendo otro Facebook ‘y me vuelve a decir lo mismo’”.
Efectivamente, en la primera oportunidad en que Karina salió sola de su casa, fue desaparecida.
Al conocer ese antecedente, la investigación de Julio dio un vuelco, se avocó en buscar quién podría ser ese hombre y a dónde habría llevado a Karina.
La denuncia interpuesta fue por “no localización”, ni si quiera por desaparición. Cuando comentó a los investigadores la posibilidad de que su hija fuera víctima de trata, lo desestimaron. Hasta hoy no hay denuncia por tal delito.
“No (lo consideró) en un principio, hasta que les comenté, ‘puede ser víctima de trata’, me dice, ‘mira, ni siquiera’, me explicó el ministerial, ‘ni siquiera por desaparición, tu hija está no localizable solamente’. El término de desaparición no estaba tipificado”, agrega.
Sabía que muchas de las respuestas podrían estar en la cuenta de Facebook de Karina, quizá se podría rastrear el paradero de la persona que le escribía, pero la cuenta de la joven fue cerrada por su captor o captores a los pocos días de su desaparición. Los investigadores no dieron importancia a las redes sociales.
“Les pedía yo que indagaran por medio de Facebook para poder localizar los números y los mensajes de Facebook, checar IP’s, no sé, todo lo que se tuviera que hacer para checar de dónde salieron esos mensajes, pero se tardó mucho en avanzar esta situación de Facebook”.
Comenta que se acercó al entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien le brindó ayuda siendo el puente para enviar una solicitud a Facebook para que se pudiera acceder a la información de Karina.
“Pero fue un problema, fue (la petición) del Estado a la Federación, de la Federación a las autoridades norteamericanas, de las autoridades norteamericanas hacia Facebook, pero la respuesta de la Fiscalía fue de que, como ya estaba cerrado el Facebook de Karina, no se podía hacer nada, pero yo estoy seguro de que sí se pudo haber hecho más”, reclama.
La Ley faculta al Ministerio Público a intervenir comunicaciones
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos establece las autoridades deben recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia.
Así mismo, determina que, “El Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos, durante la fase de investigación podrá: Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable y solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en términos de la legislación federal o local aplicable”.
Julio Oliva ha tenido una sostenida búsqueda de su hija. Empezó preguntando en su barrio y en las zonas aledañas. Mantuvo conversaciones con un hombre y una mujer que supuestamente tenían información de los movimientos de los grupos delictivos que operaban en la entidad.
Le contaron que a Karina se la había llevado un líder criminal al que le había gustado, que la tenían en la parte alta de la colonia Independencia, zona muy cercana al centro de Monterrey y que se caracteriza por tener constantes episodios de alta criminalidad.
Al paso de los días la pareja dejó de responderle, después ambos fueron llamados a declarar y para no involucrarse en problemas, devolvieron a Julio el dinero que les había pagado por su información.
Al continuar recibiendo pistas de distintas fuentes, se enteró que, ante los conflictos entre grupos delictivos, Karina fue movida a otras ciudades fronterizas.
“Se la llevaron a Coahuila y después, que se la llevaron a Reynosa y ahora, que está en Laredo, y eso fue algo que me llamó mucho la atención. Todo eso sucedió mientras llegaba la información de la sábana de llamadas”.
Explica que cuando por fin tuvieron la información de la empresa de telefonía, ésta indicó que, según la última conexión del celular de Karina, al día siguiente de su desaparición ya había sido llevada a a Playa Miramar, Tamaulipas.
Por algún tiempo también recibió el apoyo del ex secretario de Seguridad, Aldo Fasci, quien asignó un equipo de agentes especializados en cibernética, pero el celo de los elementos ministeriales desestimaba lo que los especialistas descubrían y terminaron por retirarlos.
La información recabada en éstas y sus propias pesquisas le daban elementos para que la desaparición de Karina fuera investigada por trata, no obstante, la Fiscalía no aceptó una denuncia por ese delito.
“Incluso, yo les hice ver toda esa situación, pero no me lo consideraban, o sea, no encontraban los elementos como para que fuese eso”.
En Nuevo León, la violencia se disparó en 2008: secuestros, extorsiones, cobros de piso, balaceras en lugares públicos, lanzamiento de granadas a establecimientos, ejecuciones y exposición de cuerpos y restos humanos en zonas públicas. Desde entonces, también se empezó a hablar de la desaparición de personas.
La Ley de Trata determina el “enfoque diferencial y especializado”
El Capítulo 1 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, Artículo 2, Inciso VII, establece el “Enfoque diferencial y especializado”.
“Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u otros factores; en consecuencia, se reconoce que ciertos grupos requieren una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas”.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Nuevo León, en su Artículo 5, también determinan que las autoridades deben tener en cuenta el Enfoque diferencial y especializado.
La misma Ley local de desaparición, agrega que, “De igual manera, tratándose de las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos materia de la Ley General”.
Incluso, en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas derivado de la Ley General se especifica la posibilidad del delito de trata.
“Existe un deber reforzado en la debida diligencia de la búsqueda de personas si se trata de niñas, niños y adolescentes, pues son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad, la trata de personas, la esclavitud sexual y el reclutamiento forzoso”.
En el Capítulo 1, Artículo 7 de la Ley General contra la Trata se señala que el Ministerio Público y los policías deben proceder de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas.
Así mismo, el Artículo 2 BIS de la legislación local en materia de Trata de Personas, señala que “Las dependencias y entidades del gobierno estatal y municipal dentro de sus respectivas atribuciones deberán considerar como prioritarios la atención, investigación, prevención y sanción de los delitos materia de esta Ley”.
Por su parte, la Ley local de desaparición también indica que se deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos.
No hay claridad en la aplicación de la Ley de Trata
María Luisa Castellanos, cofundadora de la organización Buscadoras Nuevo León, y quien desde 2011 ha acompañado a familiares de mujeres y hombres desaparecidos, desconoce la diferencia que representa poner una denuncia por el probable delito de trata.
“No es muy claro cuáles son los protocolos, no son públicos. Lo que se menciona, sabemos que hay una Fiscalía especializada en el tema de trata de personas, incluso se hacen campañas. Tuvimos un caso en el que había sospecha de que la chica pudo haber sido víctima de trata, pero no, pues se desestimó el dicho simplemente en la entrevista que se realizó con una de las familiares y ya no se siguió (con) más acciones.
“Sabemos que se tiene que, pues enviar información a los otros estados, pero pues solamente se sigue lo que se establece como el protocolo homologado de búsqueda y dentro del protocolo de investigación, pues desarrollar las acciones que implique una desaparición, no una acción pues, en particular, como se debería de llevar por el tema de trata”, detalla Castellanos, quien ha tomado un sin número de capacitaciones en distintos temas de búsqueda, investigación y leyes, desde que su esposo Nicolás Flores fue desaparecido.
Una razón de la ausencia de denuncias por trata es debido a la ignorancia de las familias, admite, pues es un tema frente al que aún desconocen cómo proceder.
“Si en el tema de las desapariciones, pues a lo mejor ahorita ya no estamos tan en pañales, a lo mejor estamos empezando a gatear; en el tema de trata, yo creo que estamos en pañales, o sea, no dimensionamos qué es lo que sucede, desconocemos los procesos, desconocemos mucho sobre el tema”.
Afirma que en ninguno de los casos de mujeres desaparecidas de las que ellas tienen registro, se ha turnado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, que es la encargada de atender los casos de trata de mujeres.
Castellanos explica que la agrupación Buscadoras siempre ha insistido en la importancia de que los investigadores agoten todas las posibilidades, tomen en cuenta el contexto de las desapariciones, además de la información de familiares y testigos, sin embargo, no hay una búsqueda bajo el enfoque de trata y para aceptar una denuncia como tal, la familia lo debe demostrar.
“Aquí funciona así, o sea, es ‘tú demuéstrame por qué me estás pidiendo algo’, es (que) la carga de la prueba se la dejan a la familia. La familia es la investigadora, no las instituciones, no las autoridades, tú eres el que le abonas a la carpeta, o sea, es muy raro que sea el MP o los asesores”.
Confirmó que el caso de Karina es uno de los dos en los que han insistido a la Fiscalía que investigue como trata de personas.
“Se suponía que se les iba a dar seguimiento por esta línea, pero no, al momento no hemos tenido respuesta. Estuvimos en una reunión con el MP (Ministerio Público) de esta área de trata de la Fiscalía, pero fue así como, casi nosotros tratando de encuadrarlo, sabemos que por el contexto y por las condiciones tendrían que llevarlo, pero no es así (…). Casi era como que le argumentara él por qué sí lo tenían que hacer así”, asevera.
Buscadoras Nuevo León tiene un registro de 210 casos de desaparición que datan de 2005, de los que estiman que un 15% son de mujeres, que en general, sospechan que son víctimas de trata.
La explotación sexual, el trasfondo en las desapariciones de mujeres
Los primeros registros de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) indicaron que las desapariciones de hombres tenían la finalidad de trata para explotación laboral-criminal, mientras que se observó un propósito distinto en las desapariciones de mujeres.
“Porque (para) nosotros la presunción con los hombres es como una fuerza de trabajo para ellos, como reclutamiento forzado para las organizaciones criminales, pero con las mujeres es diferente y lo veíamos como un tema de trata de mujeres (…). Que lamentablemente las usaban para explotarlas sexualmente”, explica la fundadora de la organización, Leticia Hidalgo.
FUNDENL nació de la necesidad de las familias de personas desaparecidas por unirse y organizarse para la exigencia de la pronta localización de sus seres queridos.
“Nos empezamos a juntar porque, pues queríamos lo mismo y recibíamos las mismas negativas o las mismas respuestas de indiferencia y de incompetencia de las autoridades”, describe Leticia Hidalgo, quien busca a su hijo Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en San Nicolás de los Garza en 2011.
Las desapariciones en la entidad iniciaron con varones, “en el sexenio de Felipe Calderón, más o menos en 2007, 2008, 2009, es cuando empezamos a sentir aquí en Nuevo León la tragedia humanitaria de la desaparición de personas y de ahí en adelante no ha parado, al contrario, como comentaba, ha ido en aumento”, detalla.
Leticia Hidalgo destaca que, si bien al principio el común denominador de las personas desaparecidas en la región eran hombres jóvenes, estudiantes o trabajadores, dos años después iniciaron las desapariciones de mujeres.
“Se empezaron a acercar también familiares con nosotros a decirnos que su hija, su hermana, una mujer estaba desaparecida y obviamente, siempre lo vimos, que eran los grupos criminales”.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha registrado 10,970 denuncias por desaparición de mujeres entre 2014 y julio de 2024.
No en todos esos casos se inició una carpeta de investigación por desaparición, ya sea porque la mujer fue localizada o bien, porque se registró con otro delito.
En respuesta a una solicitud de información, la dependencia aclaró que “la fecha de creación del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, ahora Centro de Líneas de Investigación Preliminares (CLIP), de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Libertad Personal y del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, fue el 21 de marzo del año 2014, por lo que la información que se proporciona lo es atendiendo a dicha fecha. (…)”
La Fiscalía informó que según los registros que se tienen de ese delito, a partir de 2017 y hasta julio de este año, se han abierto 1,428 carpetas de investigación y aclaró que anterior a esa fecha no hay carpetas abiertas por ese delito.
Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas arroja un estatus actual de 1,574 mujeres desaparecidas o no localizadas, registradas entre 2010 y septiembre de 2024.
Tan sólo de 2015, año en que fue desaparecida Karina, hay 18 mujeres más desaparecidas, lo que contrasta con el año anterior, cuyo registro es de 6.
En contraste, en noviembre de 2023, la Fiscalía estatal respondió que entre 2016 y 2023 registró 207 denuncias por trata de personas correspondientes a mujeres.
En una segunda petición, de agosto de este año, dijo que cuenta con 212 carpetas de investigación por trata de mujeres, sin especificar el periodo de las denuncias.
Al cuestionarle la cantidad de operativos de rescate realizados, la FGJNL mostró cifras disparejas en dos respuestas distintas. En una primera petición de información reportó tener un registro de 27 entre 2023 y 2024, liberando a 24 mujeres, 15 de ellas menores de edad. De 2010 a 2022 reportó cero operativos.
En otra petición de información la Fiscalía de Nuevo León contestó que entre 2019 y agosto de 2024 ha rescatado a 84 mujeres víctimas de trata, de las que 65 eran menores de edad.
Monterrey y su área metropolitana: zona de negocios, zona de trata
El incremento de centros nocturnos, casinos y hospitales han hecho de Nuevo León un lugar fértil para la trata de personas con fines sexuales, considera el doctor en Antropología, Arun Kumar Acharya.
El antropólogo, quien en 2012 culminó una minuciosa investigación en la que, junto a un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entrevistaron a 200 mujeres en situación de trata en esta entidad, describe que la cantidad de mujeres en situación de trata traídas a la zona metropolitana de Monterrey empezó a crecer en 2007, y para 2014 llegaban a ser hasta 400.
No todas se quedan en la capital, aclara, alrededor del 50% de ellas son llevadas a otras ciudades.
“Algunas se van a McAllen, algunas se van a Reynosa, Matamoros, hasta Ciudad Juárez; también Monterrey tiene contacto directo con Cancún”.
“Entonces, después se volvió una ciudad de distribución para otros estados”, detalla el académico a través de videollamada.
El delito de trata relacionado con el enfoque de negocios
Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas, organización con 29 años de experiencia en la operación de refugios para mujeres víctimas de violencia, estima que el delito de trata en Monterrey está intrínsecamente relacionado con el enfoque de negocios que tiene la ciudad, dirigidos mayormente por varones.
“Hay mucha demanda. El consumo, sobre todo en ciudades donde el punto focal económico son los negocios, entendiendo que los negocios son predominantemente manejados y operados por hombres, entonces ahí es donde el consumo se vuelve un mercado estable”.
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