Por Guillermo Robles Ramírez
Para algunos puede sonar inhumano, cruel y totalmente fuera de orden y de lo razonable en estos días que se presumen de civilizados y de derechos por todos lados, pero la verdad es que hace cincuenta años o más, y en algunos rincones del país incluso menos tiempo; era algo bastante usual, casi normal en el día a día de pueblos y ciudades medianas.
Los violadores de niños o niñas, esos que se metían con criaturas completamente indefensas, inocentes de toda maldad, porque la maldad algunos la traen metida hasta en la raíz, como si nacieran con ella, no siempre llegaban a sentarse frente a un juez penal.
En muchísimas ocasiones ni siquiera pisaban un juzgado. En esa época se pensaba, y se decía abiertamente, que delitos tan horribles contra pequeños que no habían hecho daño a nadie, que apenas empezaban a vivir, no merecían perdón ni de la justicia de los hombres ni, con todo el respeto que se le debe a la Iglesia Católica, del mismo Dios.
La sociedad entera lo veía como algo que no se podía permitir bajo ninguna circunstancia; era como una ofensa que manchaba a toda la comunidad, y punto.
Las policías de entonces, sin tanto protocolo ni cámaras ni quejas de Derechos Humanos, considerando que entró a México en 1981 pero aún así en un principio a ésta institución internacional se aplicaban lo que se conocía como la “ley fuga”, una cosa mal o bien llamada dependiendo de quién la juzgue y de qué lado esté uno parado.
Y no se trata de otra cosa, sino era, ni más ni menos, hacerse justicia con las propias manos, sin rodeos. Esta famosa “ley fuga” consistía en montar un teatro; durante un traslado, ya fuera de la cárcel local a la penitenciaría estatal, o de las celdas preventivas a los juzgados, que en aquellos años quedaban lejos, a veces en otra cabecera municipal o en la capital del estado, se hacía aparecer que el detenido intentaba escapar.
Le quitaban las esposas o lo soltaban un momento, le gritaban “¡córrele, pelao! ¡ándale, huye!” o alguna frase parecida, le daban unos metros de ventaja para que corriera por el camino polvoriento o por el monte, y luego los mismos policías que lo custodiaban lo “tronaban” a balazos, varias ráfagas para que no quedara duda.
Al final del día, la gente del pueblo o del barrio lo aceptaba sin armar escándalo público, sin marchas ni críticas en los periódicos o en la radio que apenas empezaba a ser importante. Los titulares salían más o menos así: “Presunto violador quiso huir durante traslado y la policía disparó en legítima defensa” o simplemente “Murió al intentar fugarse”.
Nadie preguntaba mucho más. Bien o mal, pero eran los tiempos. Así se castigaba o, se vengaba, según se mire; a quien cometía delitos graves sexuales contra menores, sobre todo si venían acompañados de lesiones graves o de la muerte de las pequeñas víctimas.
Es duro recordarlo ahora, con la cabeza fría, pero en esos años lejanos no se oían tantos casos de este tipo, o al menos no se conocían tantos ni se reportaban con el escándalo de tiempos actuales. Y puede ser que porque antes eran muchos menos habitantes en el país en esos tiempos, México tenía apenas unos 50 a 60 millones de personas en los años 70s y 80s. Algo que permitía que los castigos fueran tan rápidos y severos con la finalidad de que desanimaban a cualquiera que tuviera malas intenciones.
Además, no andaba tanta maldad regada por ahí ni tantos vicios como en la actualidad como el alcoholismo no llegaba a tan temprana edad en los muchachos, y las drogas duras como la heroína, la cocaína, las metanfetaminas que ahora destrozan todo algo que eran raras, caras o simplemente no llegaban a los pueblos.
El alucinógeno más fuerte y común era la marihuana, y los que saben de esos tiempos platican que la más sabrosa, la que tenía mayor demanda y la que ponía a volar de verdad, era la famosa “cola de borrega”, esa que decían que era la reina entre las motas. Al menos eso aseguran los que en su juventud le entraron a lo que también llamaban “la tía Juana” o “la yerba buena”.
Hoy las cosas han cambiado de raíz, y no precisamente para mejor en este tema. Los tiempos ya no son los mismos, y aunque las leyes se han endurecido muchísimo, con penas de hasta 30, 40 o más años de cárcel por violación equiparada o abuso sexual agravado contra menores, prisión preventiva oficiosa en muchos casos, que no prescriban tan fácil estos delitos, registros de agresores sexuales y todo un paquete de reformas en los últimos 10 o 15 años, los hechos duros demuestran que nada ha detenido esta ola de atrocidades.
Al contrario, cada vez se registran más denuncias, más carpetas de investigación y más víctimas atendidas en hospitales y fiscalías. Según las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Secretaría de Salud, en 2024 se atendieron en hospitales públicos y privados a 10,613 niñas, niños y adolescentes entre edades de 1 a 17 años por lesiones derivadas de violencia sexual, un aumento del 8.3% comparado con 2023 algo que ya había sido alto, con 9,802 casos.
De esos más de 10 mil casos, el 92.8% fueron niñas y mujeres adolescentes. En los primeros meses de 2025 y hasta noviembre, aunque hay algunos delitos como trata que bajaron un poco 22.8% menos en menores, la violencia sexual sigue en aumento sostenido en varias entidades como Jalisco, Estado de México y Veracruz concentran las cifras más alarmantes, y en estados como Querétaro y Chiapas se vieron los mayores saltos porcentuales entre un año y otro.
La incidencia general de delitos contra la libertad y seguridad sexual ha subido año con año en la última década, y aunque parte del aumento se explica porque ahora se denuncia más gracias a campañas, líneas de ayuda y mayor conciencia social, la impunidad sigue siendo brutal; es decir, por cada mil casos de abuso sexual infantil, apenas uno o dos llegan a sentencia condenatoria firme.
Y lo más preocupante es que no solo lo cometen “mozalbetes” o chavos impulsados por drogas o por un impulso pasajero; cada vez más son adultos de toda edad sino familiares desde padres, tíos, abuelos, vecinos, maestros, entrenadores, conocidos de la familia o perfectos extraños.
Parece que ni las sentencias más largas, ni las alertas Amber, ni las marchas feministas, ni los protocolos en escuelas y hospitales han logrado frenar esta lacra que se está volviendo demasiado común en muchas entidades del país.
México ocupa lugares muy altos en rankings mundiales de violencia sexual infantil, y aunque hay avances en algunos rubros como una ligera baja en homicidios dolosos de menores en 2025, el abuso sexual sigue creciendo o manteniéndose en niveles altísimos.
Es un contraste que duele: antes se castigaba sin juicio, de forma expeditiva y muchas veces injusta, pero la gente lo veía como una justicia poética o al menos como un freno efectivo; ahora hay leyes estrictas, códigos penales modernos, derechos humanos vigilados por todos lados, comisiones de derechos y observatorios, pero los delitos no paran de aparecer en las noticias y en las estadísticas.
Uno se queda pensando qué falló en el camino cuestionandose: ¿La desintegración de la familia?; ¿La educación que no llega?; ¿El consumo de drogas y alcohol que ahora sí entra desde primaria?; ¿La impunidad que desmoraliza a la sociedad entera?, o ¿Simplemente que la maldad humana no se cura con leyes solas?. Ojalá algún día encontremos la forma verdadera de proteger a los más chiquitos sin caer en los extremos de antes ni en la indiferencia de ahora. Porque mientras tanto, las víctimas, que casi siempre son niñas, siguen pagando el precio más alto, y eso no tiene perdón ni de Dios ni de nadie. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org
